Para asegurar que nuestra gestión pública responda a los más altos estándares de transparencia, eficiencia y ética, el ejercicio de evaluación del Sistema de Control Interno resulta vital para el correcto funcionamiento institucional.
La labor que adelanta la Oficina de Control Interno nos permite identificar riesgos, corregir desviaciones y respaldar la toma de decisiones estratégicas en favor del canal público. En este sentido, es necesario recordar que el suministro de información veraz, oportuna, exacta y completa ante cada auditoría, seguimiento o requerimiento de evaluación no constituye un simple trámite administrativo, sino un deber legal y constitucional estricto que recae sobre todos los servidores públicos.
La inobservancia de esta obligación, manifestada en conductas como la omisión, el retraso injustificado, la entrega de reportes sesgados o fragmentados, la falta de soportes idóneos o la alteración de documentos, no solo entorpece la función fiscalizadora de la entidad, sino que configura una falta disciplinaria de carácter grave o gravísimo, sujeta a la apertura de los procesos correspondientes e imposición de las sanciones previstas en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Estas conductas atentan de manera directa contra los principios de la función administrativa y el principio de moralidad pública.
Asimismo, es preciso enfatizar que la responsabilidad disciplinaria no recae únicamente en la omisión directa de la entrega de información, sino también en la negligencia en la custodia de los archivos institucionales y en el incumplimiento de las acciones correctivas o planes de mejoramiento derivados de los informes de control interno.
El desconocimiento de los términos asignados o la falta de diligencia para subsanar los hallazgos advertidos configurarán de manera automática el reporte ante la Oficina de Control Interno Disciplinario para el trámite de la investigación formal a que haya lugar.
Por lo anterior, de manera preventiva, la Oficina de Control Disciplinario Interno invita a todos los funcionarios a atender cada requerimiento institucional con el debido rigor, cumpliendo estrictamente con los plazos fijados y garantizando la veracidad absoluta de las evidencias aportadas.
La disciplina, la transparencia y el compromiso ético en el manejo de la información son la mejor garantía para proteger la integridad del ejercicio público y consolidar la confianza de la ciudadanía en nuestro Canal.
